Este es el mensaje que el presidente de la República, Elías Antonio Saca envió a la población salvadoreña el día 30 de abril, a través de la cadena de radio y televisión, que se enlazó precisamente para hacer llegar a todos los rincones del país sus declaraciones tan  esperadas, después de casi un mes de haber reconocido públicamente  junto a otros mandatarios de la región centroamericana  una inminente crisis alimentaria.

La población esperaba un posicionamiento serio con medidas claras y concretas para enfrentar la crisis a corto, mediano y largo plazo, no obstante se limitó a justificar que la crisis es mundial, por lo cual “se conformará una comisión para que formule las medidas pertinentes que ayuden a sortear los momentos difíciles de la  economía mundial” invisibilizando de esta forma  la grave situación  que muchas familias de los sectores deprimidos económicamente están viviendo tanto en el campo como en la ciudad; lo cual no tiene relevancia, por lo tanto no es urgente de acuerdo a su forma de ver la realidad..

Reiteró que continuará con más de lo mismo, es  decir nada nuevo y acorde a la  situación, El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna propuso al Presidente Saca el día 15 de abril, que declarara emergencia nacional, considerando necesaria la aplicación de medidas urgentes que eviten una crisis alimentaria en este país de 5,8 millones de habitantes, de los cuales cerca del 40% viven en situación de pobreza según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero la propuesta no encontró eco; ¿será acaso que el Presidente, su partido y la empresa privada creen que pueden tapar el sol con un dedo? Asumiendo que no pasa nada?

Para el caso vale la pena traer a colación que El Salvador en los últimos 12 años adquirió en las Cumbres Mundiales organizadas por la FAO en 1996 y 2002 el compromiso de reducir la desnutrición y a mejorar la disponibilidad de alimentos; en 1997 la FAO publicó la estrategia marco de Seguridad Alimentaria para El Salvador fundamentada en 4 grandes ejes: a) Fomentar el incremento de la diversificación de la producción agropecuaria, b) Reforzar la agricultura solar en el área rural, c) Fomentar al generación de empleos en el área rural, y d) Definir el marco institucional y las herramientas técnicas que permitan fomentar, financiar, ejecutar y evaluar la política implementada.

En el 2001 fue suscrito otro importante compromiso mediante el Plan Puebla Panamá, en el que los mandatarios de los ocho países firmantes unirían voluntades y esfuerzos para enfrentar en bloque el problema de seguridad alimentaria y nutricional en la región Centro Americana. A mediados del 2003 el Gobierno de El Salvador presentó la Política Nacional de Seguridad alimentaria y nutricional, que involucraba entre otros al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como responsable de ejecutar los programas necesarios para garantizar la producción agropecuaria de alimentos y el Ministerio de Medio Ambiente y  Recursos Naturales (MARN), como garante de la sostenibilidad ambiental.  A  cinco años de presentada esta política no ha sido aplicada, por el contrario muchas  dependencias del MAG y otros ministerios que estaban relacionados con la política han desaparecido y otras se han reducido a su mas mínima expresión por falta de asignación de presupuesto.

Esta trayectoria de desinterés y abandono del Estado, ha dejado en total indefensión a las comunidades pobres del sector rural que dependían totalmente del agro; su situación es cada vez mas compleja  dados que los niveles de pobreza lindan con la pauperización, pues la tabla de salvación de las remesas familiares no llega a todos los lugares y las familias que si reciben las han visto reducidas considerablemente en el primer trimestre de 2008, sin esperanza de que mejore en el corto o mediano plazo.
Otra amenaza que se cierne sobre este sector  son los grandes proyectos de minería metálica en 9 departamentos del país que abarcarán una extensión de 1,289.18 Kms. Cuadrados, y la construcción de represas hidroeléctricas. Entre los departamentos que se encuentran en lucha permanente por detener esta amenaza se pueden mencionar Chalatenango, Cabañas y Morazán, departamentos que han sido caracterizados por tener altos niveles de pobreza debido a la marginación de los Planes de Desarrollo Nacional.

Estos departamentos también tienen otra característica que es la riqueza de recursos natrales, por lo mismo que han sido históricamente saqueadas y ahora son el blanco de las transnacionales que han recibido autorización del Gobierno para la explotación de dichos recursos: agua, oro y plata, repitiéndose la historia una vez mas, lo peor del caso es que estas comunidades no reciben ningún beneficio de estos proyectos.

Una muestra es Chalatenango donde  se explota el agua de los ríos Lempa, Sumpul, Tamulásco y los afluentes de éstos para alimentar 3 grandes represas hidroeléctricas (5 de Noviembre, 15 de Septiembre y cerrón Grande) existiendo además proyección de construir las Represas de El Tigre y El Cimarrón. Las represas, además de sobre explotar el recurso agua, han dejado a miles de campesinos que se dedicaban a la agricultura en calidad de damnificados, porque han perdido sus viviendas y sus parcelas que eran tierra fértil, ¿pensarían en la seguridad alimentaria de éstas familias cuando los despojaron de sus tierras?, ayer como ahora pasa lo mismo.

El objetivo número uno del FOMILENIO es erradicar la pobreza, pero la única forma de que estos fondos lleguen a estos departamentos olvidados es mediante la construcción de la Carretera Longitudinal del Norte, que tiene una longitud de 300 kilómetros, el Gobierno y la Corporación del Fondo del Milenio esperan que sea la columna vertebral que active el desarrollo económico en esa franja que equivale a un tercio del territorio nacional, vale la pena preguntarse, ¿cuantos árboles talarán, cuantas parcelas agrícolas desaparecerán, cuantas fuentes de agua ya no existirán, cuantas fuentes de empleo rural  se perderán?, pues no se menciona el impacto desbastador que este megaproyecto puede traer consigo,  y resultar que lejos de contribuir al desarrollo profundice la pobreza. Según William Pleitez, Coordinador General del Informe de Desarrollo Humano del Programa de de Las Naciones Unidas para El Salvador, “el proyecto tendrá éxito toda vez se apliquen correctamente los programas colaterales que incentiven la creación de nuevas fuentes de ingreso.

El departamento de Cabañas, es oto ejemplo ilustrativo; la transnacional  Pacific Rim, cuenta con la autorización del Gobierno para explotar la mina de El Dorado, ubicada en El municipio de San Isidro, donde ha adquirido una amplia extensión de tierras que antes eran cultivadas para la subsistencia familiar. De acuerdo a sus propios informes la transnacional recibirá beneficios netos de $ 191,5 millones de dólares, recuperando el capital invertido en un plazo de 3 años y medio, mientras que el Estado Salvadoreño recibirá solamente $6.3 millones en concepto de impuestos por derecho de explotación, y las comunidades aledañas se beneficiarán directamente de la creación de 150 empleos temporales en actividades no calificadas y La Alcaldía de San Isidro recibirá $450.00 anuales durante 6 años en calidad de regalías.

Como se puede observar las ganancias de la explotación de los recursos naturales son para las empresas y  los daños económicos, sociales, culturales y ambiéntales el costo que pagará la población, dado que no son asumidos dentro de los costos operativos de estos proyectos, no existiendo entonces posibilidad de acciones de mitigación o reparación de los daños, a no ser que el Estado tenga lo voluntad de asumirlos, lo cual es ilusorio pensar, ya que su actuación es contraria a su función constitucional de defensa, protección y realización de los derechos Humanos.

Como dice Eduardo Galeáno en su libro Las Venas Abiertas de América Latina: “nuestra derrota ha generado siempre nuestra pobreza, para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convierten en veneno”.

No hay duda que tiene toda la razón, sin embargo la capacidad organizativa y de incidencia política que han alcanzado las comunidades es fuerte y no esperarán con brazos cruzados la repetición de la  historia.

01 de Junio de 2008