A menos de ocho meses para las elecciones de presidente, diputados y Gobiernos Municipales, en El Salvador, el escenario que se vive es de confrontación, insultos, mentiras y amenazas; la población ya no puede soportar más la situación política que sumada a la situación socioeconómica conforman un panorama poco alentador.

Nuevamente la campaña proselitista se ha adelantado por parte de los dos partidos mayoritarios, la campaña de miedo impulsada por ARENA  ha dado inicio, los pronósticos nos dicen que en la medida que se acerque la fecha de las elecciones, la violencia se profundizará.

Todo indica que esta campaña será una replica enmendada y aumentada de la campaña proselitista realizada en las elecciones del año  2004, de la cual la revista envío de Nicaragua del mes de marzo de 2004, valoró que “ARENA ganó las elecciones pasando por encima de las mas elementales reglas de la ética”.

Este partido político utilizó los medios de comunicación y espacios públicos como privados para deslegitimar, desacreditar y acusar al FMLN; su triunfo fue el miedo que generó afirmando que si las elecciones eran ganadas  por éste, serían deportados los compatriotas que trabajan en Estados Unidos.

En los cuatro años de Gobierno de Antonio Saca el número de deportados se ha incrementado, lo que ha dejado al descubierto la gran mentira, ahora el chantaje social se está creando en torno a que las empresas retiraran sus capitales y el país entrará en crisis económica. ¡Como si la situación actual fuera bonancible para las mayorías!.

Estas aseveraciones se ponen en tela de juicio si se observa el comportamiento de los ocho grupos empresariales existentes en el país, quienes continúan invirtiendo y no cesan en el desarrollo de grandes proyectos que sumado a los grandes centros comerciales, proyectos habitacionales y ampliaciones de operaciones de sus empresas, quien puede asegurar que se irán.

¿Estarán pensando en abandonar la Gran Vía, la Multiplaza, Metrocentro, el Aeropuerto de Comalapa?  ¿se llevarán los bancos y financieras? ¿los grandes supermercados como Price Smart, Hiper País y otros, estarán dispuestos a cerrar y abandonar la gallina de los huevos de oro que son los consumidores que pagan con dólares procedentes de las remesas.

En todo caso, la polarización es un hecho y las consecuencias las paga el pueblo, mientras ambos partidos concentran sus esfuerzos en la campaña electorera, las familias de los grandes sectores de población vulnerados en todos los aspectos, se debaten entre el hambre, el dolor y el miedo; miedo a perder el trabajo, miedo a que les roben, miedo a morir en el asalto al bus donde viajan, miedo a hablar, a expresar su inconformidad con esta realidad.       

El contexto socioeconómico de dicha campaña, muestra una crisis producida por una política económica cuyas medidas aplicadas por cuatro Gobiernos consecutivos del mismo partido al cabo de 20 años, solo profundizo los niveles de pobreza, marginación y exclusión.

Para muestra un botón, el “Plan de gobierno País Seguro” del Presidente Antonio Saca, no ha logrado sus objetivos, en cuatro años que lleva, mas de 14 mil personas han sido víctimas de asesinatos;  ¿podría asegurarse con estas cifras que la seguridad ha mejorado?

En la primera quincena de mayo el Instituto  Universitario de Opinión Pública (IUDOP)  de la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas, realizó  la encuesta de opinión pública en la que se refleja que el problema de inseguridad ciudadana, pasó a ocupar un cuarto lugar después de ocupar el primero, siendo desplazado por la crisis alimentaria.

Si bien es cierto que la capacidad adquisitiva ha sido impactada por problemas exógenos como la crisis económica de Estados Unidos, el incremento del petróleo y el encarecimiento de los alimentos a nivel mundial, el mayor impacto proviene de las medidas internas desatinadas, injustas y mezquinas del Gobierno para garantizar la acumulación de riqueza de un solo sector.

El aumento  al salario mínimo aprobado por decreto Ejecutivo el 30 de mayo del corriente, y el aumento a los salarios de 50 dólares a empleados públicos, solamente servirán para cubrir el  incremento de las cotizaciones previsionales, del Seguro Social y el impuesto de Renta, quedando en la misma situación o peor que antes.

Como no existe un control efectivo de precios, los productos de la canasta básica  se han incrementaron desde antes que estos aumentos se hagan efectivos, al punto que la libra de frijoles en el mercado está a $1.15 y en los supermercados a $1.75, ¿donde esta la importación que se hizo a Nicaragua? ¿será que también en esto hay corrupción? ¿Donde está la acción de la Defensoría del Consumidor? 

Otro de los problemas en que el Gobierno ha sido incapaz de saber tomar decisiones es el del transporte colectivo, para lo cual ha incrementado el subsidio a partir del impuesto a las llamadas telefónicas entrantes de Estados Unidos con cuatro centavos de dólar por minuto, ahora costará once centavos.

Connotados economistas han señalando los riesgos de los subsidios, dado que las exigencias de éstos está vinculada a los precios de los combustibles, igual que el subsidio de el gas propano y la energía eléctrica; por otra parte su aplicación es generalizada por lo que no se favorece a los sectores que en realidad lo necesitan.

De igual manera, el FOVIAL Y FOSALUD es cargado de manera generalizada, afectando a quienes además si pagan impuestos de renta e IVA, mientras  que las empresas solamente retienen y en muchos casos no declaran dichas retenciones, afectando con el robo los endebles ingresos de los trabajadores y trabajadoras, que no pueden evitarlo.   

La población ya no soporta mas, aquellas familias que cuentan con un miembro que tiene salario permanente pueden escasamente cubrir la alimentación, posponiendo la satisfacción de otras necesidades elementales como la salud, vivienda y otros bienes, por los cuales van contrayendo deudas que difícilmente cancelarán, lo mas probable es que los pierdan por hipoteca.

En los primero días del mes de Julio, han ocurrido desgracias que han dejado al descubierto la falta de interés de los Gobiernos en la prevención de desastres, que obviamente afectan a los sectores vulnerados económicamente, cumpliendo el adagio de que la serpiente muerde solo a los descalzos.

El 3 de Julio, sucedieron dos hechos lamentables en los que perdieron la vida 31 personas que viajaban en un bus que fue arrastrado por la corriente del río Acelhuate cuando transitaba sobre el  puente de la colonia Málaga y otro ocurrido en el departamento de la Libertad donde el río Huiza arrastro un vehículo donde se ahogaron otras 4 personas.

Todos estos problemas y desastres son la constatación de que el Estado no es capaz de garantizar ni siquiera uno de los derechos humanos más elemental como el derecho a la vida; el Gobierno existe solo para garantizar a los grupos de poder que sigan enriqueciéndose y se mantengan en el poder a toda costa.

La actuación de las instituciones del Estado y los partidos políticos ante hechos tan dolorosos es  inhumana al utilizarlos para atacarse en vez de dar respuestas responsables y coherentes con la magnitud del impacto ocasionado por la omisión o acción del Estado, al no cumplir con las Leyes que regulan el Medio Ambiente y la protección Civil.

No hay nada más que esperar del Gobierno y sus instituciones, el desgaste de 20 años de políticas neoliberales y corrupción  han llevado al país a un grave debilitamiento del Estado de Derecho y por ende a la ingobernabilidad, cuyas consecuencias pueden llegar a niveles de violencia social lamentables.     

Es tiempo que los partidos políticos presenten propuestas de país que respondan a las necesidades y problemas a corto, mediano y largo plazo y no ofrecimientos que solo buscan ganar las elecciones; también es tiempo de que la ciudadanía ejerza responsable e inteligentemente su derecho al voto teniendo presente que un tan solo voto puede hacer la diferencia en esta cuasi democracia representativa. 

01 de Agosto de 2008